El Estado y los úteros

Hace algunos días, causó revuelo la noticia de que un proyecto de la autoría de la senadora PNP Lucy Arce propone la prohibición de la reproducción asistida, la utilización de vientres subrogados, así como el uso de gametos de personas fallecidas o de donantes anónimos. Con justa razón, varios miembros de la comunidad médica puertorriqueña protestaron ante la idea.

Es muy probable que con el paso de Earl y las complicaciones subsecuentes, la gente haya olvidado el asunto, por lo cual es imperativo destacar sus implicaciones. Para empezar, estudiemos los motivos. Según los proponentes, las técnicas de reproducción asistida “atentan contra la dignidad humana de la criatura por nacer, al negarle contacto con la madre o el padre biológico y que dan paso a la compraventa de material humano y a la explotación de los donantes”.

Sin embargo, ellos mismos atentan contra algo más tangente que la dignidad humana, que al fin y al cabo es cuestión de pareceres. Los legisladores, empezando por Arce, atentan contra nada más y nada menos que el libre albedrio. Con ese proyecto, buscan imponer sus ideas sobre el concepto de familia y la visión conservadora religiosa que condena ese tipo de práctica como intervenciones indebidas en un proceso que según ellos, le corresponde a Dios.

Precisamente por eso pierden cualquier posibilidad de tener un apoyo generalizado, porque en lugar de promover una discusión sobre el tema, que sería completamente justificable, pretenden salirse con la suya sin encomendarse a nadie, basándose en su propio criterio y con la Biblia bajo el brazo, pero sin ningún tipo de evidencia científica. Esa no es la forma. Si realmente quisieran evitar prácticas mercantiles desenfrenadas, podrían tomar la ruta de la reglamentación. Empero, prefieren el extremismo retrógrado.

De tal manera, queda claro que pretenden ignorar avances científicos hechos décadas atrás. Resta preguntar dónde queda su consideración y/o empatía hacia los padres y madres infértiles. Según Nabal José Bracero, obstetra ginecólogo y sub especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad entrenado en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins (que no es poco decir) las personas que proponen este proyecto no han tomado en consideración lo devastadora que puede ser la condición de infertilidad.

Y es que tiene que ser así, porque parece imposible que aún tomando ese factor en consideración alguien sea capaz de adelantar este proyecto. Ante la situación, uno se pregunta qué experiencias habrá pasado la señora Arce como para tener semejante fijación con este asunto. Con tantos problemas reales y urgentes que afectan a miles de puertorriqueños diariamente (take your pick: educación de baja calidad, desempleo, maltrato de mujeres y menores, etc., etc.) ¿Por qué fijarse en un asunto que hasta el momento no ha dado problemas?
Surgen serias dudas sobre el carácter de la senadora, pero más allá de eso, sobre su concepto de la democracia, la libertad individual, y su rol como legisladora. No queda claro precisamente con qué derecho se mete en el útero de la mujer puertorriqueña. Son preguntas que se prestan para muchas conjeturas, pero que ningún periodista se molesta en hacer, por lo cual resulta poco probable que algún día conozcamos sus respuestas.

Por su parte, BioLAWgics Group, conjunto integrado por cinco médicos, objetó la propuesta porque, como ya mencionamos, previene problemas jurídicos inexistentes. Además, la describen como inconstitucional en su faz y en su aplicación. Para el que creía que esto se trataban de boberías, multas y no más, que se entere que la propuesta implica condenas de hasta 8 años de cárcel por la subrogación gestacional y hasta 15 años para al médico o la persona que utilice donantes anónimos para tener hijos.

BioLAWgics Group también destaca que la medida es contraria a las tendencias jurídicas en los países desarrollados. De hecho, el grupo señala que la medida es cónsona con aquellas instituidas en países teocráticos como Irán, Irak y Pakistán. Triste y casi inverosímil situación considerando que nos consideramos democráticos  y contamos con una Constitución que garantiza el derecho a la intimidad.

Tomando en cuenta ese documento, los que nos posicionamos en contra de este proyecto y otros de su tipo, deberíamos poder contar con la mediación a favor de la ley de parte de la figura más indicada para ello: el Secretario de Justicia. Sin embargo, resulta que el mismísimo Guillermo Somoza está de acuerdo con que se prohíba la venta de gametos, cigotos y embriones; aunque sostiene que en cuanto al alquiler de vientres, la prohibición debe limitarse a recibir dinero que no esté relacionado con los gastos como parte del proceso de gestación.

La cosa se pone fea. Parece que el raciocinio no tiene lugar en la Legislatura ni apoyo en el Ejecutivo. Solemos bromear con las tendencias hitlerianas del Presidente del Senado, pero en estos meses hemos acumulado evidencia de la verdad detrás de esas bromas. En vista de ello, ¿y ahora, quien podrá ayudarnos? Chespirito está demasiado viejo para sobresaltos y no aparece el Chapulín Colorado.

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