Fonseca v. Vázquez: The Aftermath ~ una cucharada de su propia furia

La semana pasada, durante un segmento del programa mañanero Día a Día, se formó una trifulca entre el supuesto periodista Jay Fonseca y la senadora Evelyn Vázquez, a raíz de una controversia en torno al accidentado Día del Buen Trato. Todo comenzó cuando Dafne Barbeito, presidenta del Hogar Niñito Jesús, diseminó una carta en la cual acusó a Vázquez de, esencialmente, usurpar su iniciativa para fines políticos. Particularmente, expresó molestia ante la posibilidad de que se vinculara a su organización con la senadora.

Vale la pena hacer la salvedad de que ese no era su sentir un año atrás, cuando se relacionó con ella voluntariamente para cabildear a favor de su organización, objetivo que alcanzó. De cualquier manera, esta polémica se perdió de vista en medio del enfrentamiento entre el Fonseca y la legisladora.

En principio, no hay nada de extraño en el hecho de que un comentarista discuta con un político. Como le dijo el patriarca Mufasa a su cachorro: it’s the circle of life. Lo particular de este caso es su resultado. A diferencia de tantas otras pugnas parecidas, en esta ocasión, el político salió ganando. Seguro que fue por poco, pero aún así, ganó. No precisamente por méritos propios, sino porque Jay Fonseca se auto-saboteó.

Para empezar, en numerosas ocasiones, Fonseca ha asegurado que todo aquél que criticaba puede personarse en el estudio a defenderse. Sin embargo, se demostró iracundo cuando Vázquez así lo hizo y procedió a hacer ataques personales al describirla como “la que baila en el tubo” y describir al licenciado Peter Muller, quien la acompañaba, como su “amante”. ¿Y que tiene que ver eso con la polémica inicial? Nada, al igual que el resto del debate (por así llamarlo). Hacia el final del acalorado intercambio, Fonseca incluso cuestionó el papel de Muller en el asesinato de su ex esposa.

Hay quienes dirán: “¿Y cuál es el problema? Si total, eso lo dice Todo El Mundo”. Cierto es, pero Todo El Mundo no tiene un foro público a nivel nacional y tampoco está en espera de ser juramentado como abogado. En cambio, Jay Fonseca sí, y por tanto, debería estar consciente de que se le mide por un estándar más alto. Por otra parte, está el asunto del “personaje”. Después de barrer el piso con la señora, Fonseca pretende refugiarse en ese supuesto. Dude, el segmento se llama “La furia de Jay Fonseca”, ¿dónde está el personaje?

Por último y para colmar la copa, utilizó conceptos jurídicos indiscriminadamente. Un toque en el brazo se transformó en agresión y una querella ante la Comisión de Reputación es una afrenta a su derecho a la libre expresión. Pero bien, seamos magnánimos; es perfectamente entendible que esté frustrado ante la posibilidad de que se vea amenazada su capacidad de comenzar a ejercer como abogado. Sin embargo, debe considerar que podría venirle bien. Después de todo, resulta evidente que tiene que repasar algunos conceptos de la profesión jurídica y el tiempo que el Supremo dedique a deliberar podría servirle para ello.

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Chemo Jr. ~ De político a narco, sólo hay un paso

Todo empezó con un trailer azul estacionado en un solar vacío en Canóvanas con “Chemo Jr.” en letras amarillas; anunciando lo que se supone fuera la candidatura de representante por acumulación de Christian Soto Mujica, también conocido como Chemito.

Basado en el éxito político de sus familiares (en el 2013, Chemo cumplirá 20 años como alcalde de Canóvanas y Lornna ocho como senadora por el Distrito de Carolina), era de esperarse que Chemito, quien se desempeñaba como legislador municipal de su pueblo y ujier en la Cámara de Representantes, sería electo y lo que es más, contaría con un empleo seguro por décadas. Quién sabe si con un hijo en cada cámara, por fin Chemo conseguía el apoyo necesario para atrapar el tan escurridizo chupacabras, o cuando menos, la gárgola.

Sin embargo, todo se fue a pique en la mañana del pasado 27 de septimbre, cuando las autoridades federales y estatales desarticularon una organización de narcotráfico cuyos negocios se extendían a México y Estados Unidos. Los agentes de la DEA arrestaron a 23 personas entre Los Ángeles y Puerto Rico, uno de los cuales era Chemito, quien fue arrestado en posesión de una AK-47 y dos pistolas.

Curiosamente, en la vista en que se le leyeron los cargos y se ordenó su reclusión en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo, también le fue asignado un abogado del Defensor Público Federal, pues alegó no tener los recursos económicos para pagar un abogado, según reporta El Nuevo Día.

Así las cosas, a Chemito le espera una dieta muy diferente a la que habría devengado como legislador, pues se expone a un mínimo de 10 años de prisión hasta un máximo de cadena perpetua. Entre tanto, en Canóvanas, aquel trailer azul permanece en el mismo sitio, pero una capa nueva de pintura encubre el Jr.

Cuando se rompen las cuerdas flojas ~ la caída del ex Senador Roberto Arango

El país no había vuelto a la normalidad tras el paso de Irene, cuando se regó la noticia de que había fotos al desnudo de uno de nuestros insignes legisladores. Poco después, se rumoraba que el sujeto en cuestión era Roberto Arango, portavoz de la mayoría PNP en el Senado.

Los periodistas se entregaron a la tarea de encontrar evidencia para este alegato, proveniente de la  larguísima lengua de felpa de La Comay.  Encontraron esa evidencia –por más circunstancial que sea- en un modesto accesorio: un collar con el cual Arango había sido fotografiado y el cual el desnudista anónimo también lucía.

Para entonces, todos aguardaban la renuncia; independientemente de cómo fue que las fotos llegaron a Grindr, una especie de red social donde a través del envío de fotos sugestivas, hombres gay concretaban encuentros presumiblemente sexuales.

A base de la naturaleza de esa aplicación para celulares, así como la posición en que se tomó las fotos, es imposible negar que Roberto Arango es homosexual. Por tal razón, debido a la sociedad en que vivimos y sin importar si el Senador deseaba hacer una admisión o no, su carrera política había acabado. Así las cosas, Arango tenía dos opciones:

a. Admitir que las fotos eran suyas, pero alegar que habían sido robadas (al estilo Hollywood) y acto seguido, reconocer sus preferencias sexuales y luchar por su puesto estableciendo un compromiso para luchar por los derechos de su comunidad.

b. Salir corriendo como si el coyote de los muñequitos lo tuviera en la mira.

Como ya sabemos, el ex Senador prefirió la segunda opción y de tal manera cimentó su legado de hipocresía. Y es que según ha sido comentado por el columnista Benjamín Torres Gotay de El Nuevo Día, durante sus seis años como senador, Arango apoyó toda clase de medidas para el detrimento de la comunidad homosexual puertorriqueña. Por ejemplo, que se enmendara la Constitución para establecer que el matrimonio sólo puede ser entre hombre y mujer y una propuesta enmienda a la Ley de Adopción para que ésta no permitiera tal opción a parejas del mismo sexo.

Esa, conciudadanos, es la verdadera ofensa de Arango; que utilizara su poder para agraviar y marginar a su propia comunidad. Poco nos debe importar qué uso le de a la cámara de su celular o con quién pase la noche. Después de todo, el Chuchín ha hecho cosas mucho peores que enseñar las partes (no lo quiera Dios) y todavía es Senador.

Más bien, nos debe preocupar que uno de nuestros líderes tenga un criterio tan pobre como para haber publicado las dichosas fotos y/o dejarlas a disposición de otros. Más grave aún, que sea semejante hipócrita. Por eso, y no por consideraciones moralistas, es que Roberto Arango no podía seguir siendo Senador de Puerto Ric

Toque de queda ~ “Joven, arranque pa’ su casa”

Los orígenes del toque de queda se remontan a la Edad Media. Sin embargo, su incepción más notoria data de varios siglos más tarde, cuando el estado alemán Nazi utilizó dicha práctica como un mecanismo de persecución en contra de la población judía.

La semana pasada, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el proyecto 3275, un toque de queda que operará entre 10 p.m. y 6 a.m. en zonas de “alta incidencia criminal”. Justamente qué zonas merecen esa dudosa distinción será determinado por una junta compuesta por el Súper de la Policía, el secretario de Familia, el administrador de Corrección, el secretario de Justicia y un representante del sector privado.

Por supuesto, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, que el joven en cuestión esté en compañía de su padre o tutor; se encuentre en la acera frente a su casa; esté trabajando; asistiendo a actividades comunitarias, la iglesia, o (no podía faltar) una actividad política.

Vale la pena aclarar que el proyecto prohíbe que se encierre al menor en una celda si únicamente ha violado esta ley, y ordena que en los cuarteles se cree otro tipo de área de retenimiento. Mientras tanto, sus padres, cuya capacidad de controlarlos es cuestionable (remóntese a sus años mozos si no me cree), enfrentarán multas entre los $100 y $1,000.

Entre tanto, son muchos los que se expresan en contra de esta medida, denunciando su inconstitucionalidad. El problema es que en ocasiones éste término es utilizado por personas que jamás se han molestado en echarle un vistazo a la Constitución. Puede que eso sea o no cierto en cuanto a las personas que han utilizado el adjetivo en relación a esta medida; pero el hecho es que ninguno de ellos ha aclarado el por qué.

Sin embargo, hay varios escritos sobre el tema que sí lo hacen. Por ejemplo, el artículo Toque de Queda: violación constitucional o mecanismo para combatir la criminalidad de María Teresa Torres Zapata and Xaymara Martínez Santiago, egresadas de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.

Según las autoras, la medida puede violentar garantías a la libertad de expresión y asociación, derecho a la privacidad e igual protección de las leyes. Gracias al cine y la televisión, muchos tenemos conocimiento de la mayoría de esos derechos. Por tanto, lo que más vale la pena aclarar es el asuntico de igual protección de las leyes.

Según explican Torres Zapata y Martínez Santiago, las medidas implementadas por el Estado con el fin de proteger a sus ciudadanos no deben lesionar derechos fundamentales de un grupo en particular. “Es imperante preguntarnos si, realmente, podemos justificar la restricción de libertad de movimiento de los menores para reducir la alta incidencia criminal de un país. Claramente la respuesta es no, ya que la criminalidad nos afecta a todos, tanto a jóvenes como adultos”, sentencian las autoras.

Por lo tanto, queda claro que al implementar esta medida se compromete la Constitución. Algunos argumentarían que con cuestiones de ese tipo no se juega, para otros la susodicha Constitución no es más que papel. Independientemente de su opinión al respecto, todos le damos peso a los resultados.

En ese sentido, El Nuevo Día ha reportado que existen toques de queda en cientos de ciudades en Estados Unidos y sin embargo, un estudio ordenado por el Departamento de Justicia federal indicó que hay poca evidencia de que hayan tenido resultados significativos en contra de la criminalidad.

Por otra parte, el mismo periódico anunció que 33 de municipios de la Isla ya cuentan con ordenanzas parecidas a la medida 3275; aunque algunos alcaldes no estaban al tanto de ello. El comisionado de la Oficina de Asuntos Municipales (OCAM), Omar Negrón, reaccionó a esta noticia afirmando que el hecho de que tantos municipios cuenten con ese estatuto quiere decir que importarla a toda la Isla no debería tener ninguna consecuencia.

El comisionado se refería a que la implementación no será problemática. Sin embargo, se le puede tomar literalmente porque lo más probable es que, como el afirma, la medida no tenga ninguna consecuencia. Es decir, que se la pasen por buen sitio, igual que han hecho hasta ahora.

De tal forma, se estaría poniendo en juego no sólo los derechos de los jóvenes, sino los de todos los todos los puertorriqueños, pues si permitimos que se violente la Constitución una vez, estamos sujetos a que ocurra de nuevo, y de nuevo, y de nuevo… ¿y para qué? Responda usted.

 

 

“Yo tenía una luz, que a mí me alumbraba…” ~ Cortes de luz en La Perla

El pasado sábado, 2 de julio, decenas de residentes de La Perla, con velas en mano, realizaron una manifestación frente a su barriada. No se trataba de un llamado a la paz, ni una proclama anti narcotráfico o algo por el estilo. Ni siquiera de abuso policiaco, no. Las velas de luto eran en honor a la luz eléctrica que muchos perdieron el día anterior, cuando personal de la Autoridad de Energía Eléctrica desconectó una serie de tomas ilegales en unas 100 residencias de la barriada del Viejo San Juan. Más rápido que lo que se monta una conexión truqueada, la portavoz interina de los residentes, Tania Amigon (suplente del líder de la comunidad, Jorge Gómez González, arrestado días antes), organizó la actividad que, por supuesto, contó con cobertura mediática.

Al día siguiente, con el mismo amor que se les quitó, se reconectó el servicio a 37 familias. El proceso contó con la cooperación de los empleados de la Oficina de Ayuda al Ciudadano del Municipio de San Juan, quienes junto a una docena de trabajadores sociales orientaron a los residentes de La Perla sobre programas de ayuntamiento, según aseveró José Agostini, director del departamento. Aun así, los vecinos de La Perla protestaron nuevamente al día siguiente de celebrar el 4 de julio, esa vez frente al edificio federal en Hato Rey, donde denunciaron la violación de derechos civiles por parte de autoridades estatales y federales.

¿Cuál era la violación si ya estaban reconectando la indispensable luz eléctrica? Pues la posibilidad de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados verificara si se hurtaba agua potable en el sector. Hay que suponer que cuando Amigon habla de abusos alude a una persecución hacia ella y su comunidad, aunque nunca llega a expresarlo adecuadamente. Después de todo, para eso están los periodistas, quienes  llenan los blancos con comentarios solidarios y escenas del video para la canción de Calle 13 sobre la famosa barriada de trasfondo.

Cualquiera que escucha La Perla, que habla de “flores que nacen por ramilletes”, pero no de la oferta de “pasto, perico, pali”, sabe que se trata de una idealización de La Perla. Al poner el susodicho video, el noticiero perpetúa esa percepción. Y no es que se vaya a dudar que, como Amigon y otros entrevistados nos recuerdan, en La Perla haya gente decente. Eso nunca estuvo en cuestión. Lo que sí lo está es la gansería de muchos, la cual se evidencia cuando una persona se para frente a una cámara de televisión y asegura que no ha pagado luz eléctrica en 60 años y que no piensa empezar ahora. Entonces no hay más remedio que admitir que La Perla no encierra todas las virtudes humanas, como algunos reporteros, cantantes y/o líderes comunitarios nos harían pensar.

Hasta la vista, baby ~ Adiós a Figueroa Sancha

El pasado fin de semana, los rotativos del país anunciaron la salida de José Figueroa Sancha de la Superintendencia de la Policía de Puerto Rico. Según El Nuevo Día, el ex súper estaba “en shock”. Tal vez muchos otros lectores tuvieron reacciones similares, no porque su gestión fuera distinguida, sino porque el gobierno (incluyendo, pero no limitándose al Gobernador) se había empeñado en insistir que sus estrategias daban resultados. Los cuerpos acribillados a lo largo y ancho de la Isla, listos para las cámaras de las noticias de las 6, los desmentían, pero ellos se amparaban en estadísticas truqueadas.

Sin embargo, al parecer no pudieron sostener el acto y el final inevitable era la patada a Figueroa Sancha, en si una admisión de todo lo que habían negado anteriormente. Claro que en un principio trataron de hacerlo pasar como que el ex Súper presentó la renuncia por cuenta propia, pero una vez fuera  ya no había lealtades que valieran y Figueroa Sancha reveló que se le había pedido la renuncia. Nada nuevo, todo de esperarse.

Después de todo, si lo vemos desde el punto de vista de la empresa privada, Figueroa Sancha era un empleado de la alta gerencia que no cumplió con las expectativas de sus superiores. Ergo, el despido era una eventualidad natural. Ahora bien, el drama entre Figueroa Sancha y Fortuño aparte, (¡¿qué pasara con su bonita amistad?!) la verdadera incógnita es si la criminalidad, la susodicha  ola, tiene algo que ver con quien está al mando de la Policía. O sea, ¿realmente puede Figueroa Sancha, o cualquier otro hombre sin súper poderes de Marvel hacer algo al respecto? ¿Qué va a cambiar una vez se nombre a un Superintendente en propiedad en los próximos días?

Las probabilidades a favor de un freno son pocas si repiten las mismas tácticas (operativo, tras operativo tras operativo) en espera de un resultado diferente. Por tanto, ¿cuáles son las alternativas? Como tantas otras cosas, la solución nos toca a todos. Se trata de unir esfuerzos, tanto gubernamentales, como privados. Desde un compromiso del Ejecutivo con la educación, pasando por el senador que presente un proyecto de creación de empleos, incluyendo al empresario que pueda hacer una donación para un programa estudiantil y sin olvidar al padre o madre de familia que se encargue de la educación moral de sus hijos, de dejarles claro que Scarface no debe ser un modelo a seguir. El tostón no es de la Policía, por más que tratemos de achacárselo y hasta que no lo aceptemos y hagamos algo al respecto, es poco lo que ellos pueden hacer.

 

 

 

El problema de Rivera Schatz con la homosexualidad

Por años, ha surgido controversia tras controversia en torno al presidente del Senado, Thomas Riera Schatz y su relación con la comunidad homosexual.

El más reciente capítulo de esta saga fue la participación del presidente del Senado en Saliendo del Clóset, programa radial emitido por WKAQ.

Durante su intervención en el espacio dirigido a la comunidad homosexual puertorriqueña, Rivera Schatz, quien anteriormente se había referido a los homosexuales como “torcidos”, comentó: “yo no tengo ninguna animosidad contra los homosexuales o las lesbianas (…) de la misma manera te digo que siempre estaría perseverando porque comprendieran que para mí eso no es correcto”.

O sea que segura que no los odia, pero tampoco es cuestión de apresurarse a nombrarlo mariscal de la próxima parada LGBT. Todavía insiste en puntualizar que para él la homosexualidad no es “correcta”, como si él fuera quién para hacer tales distinciones.

Desafortunadamente, como senador sí tiene la potestad para posicionarse en contra de la medida legislativa PS 1725 que propone proteger a los homosexuales en el trabajo. Según él, “este proyecto lo que promueve es que una persona que no quiere decir su orientación sexual tenga que decir que es homosexual para tener una casual de acción”.

Sin embargo, el abogado Rafael Ruiz desmiente al senador al afirmar que “el proyecto 1725 no obliga a nadie a revelar su identidad sexual”. En cambio, según explica el licenciado, el propósito del proyecto es “proteger a toda persona en Puerto Rico de discrimen por orientación sexual”.

Una de dos: o el presidente de la cámara alta no tenía idea de lo que estaba hablando porque ni él ni sus asesores se encargaron de leer la mencionada medida, o deliberadamente mintió sobre su contenido. ¿Qué sería peor?